Chávez pide 'actuar' contra los medios en escalada de tensión política

En una escalada de la tensa situación política que atraviesa Venezuela, el presidente Hugo Chávez exigió el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General actuar sin dilación contra empresas de comunicación privadas que promueven el "envenenamiento'' de la población, o de lo contrario se va a ver obligado a intervenir personalmente en el posible cierre de medios que cuestionan su gestión.
El mandatario ordenó específicamente a la fiscal Luisa Ortega y a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, "cumplir con sus funciones'', o de lo contrario que "renuncien a su cargo y que gente con coraje asuma''.
"Me importa un comino lo que diga el mundo. A mí lo que me importa es el país'', dijo Chávez en un tono airado durante la transmisión de su programa Aló, Presidente.
Sugirió además que el "veneno'' de los medios críticos podría conducir a la población a ‘‘atentar contra la vida de alguien, y eso es lo que se busca'', en alusión a un potencial magnicidio en su contra.
En una primera reacción a la orden presidencial, Ortega anunció que designó a dos fiscales para imputar por presunto almacenamiento irregular de 24 vehículos a fin de venderlos a un mayor precio, por parte de empresas vinculadas al presidente del canal Globovisión, Guillermo Zuloaga.
La funcionaria dijo además que los agentes policiales que condujeron el allanamiento de la residencia de Zuloaga, donde se encontraban almacenados los vehículos, enfrentaron obstáculos que podrían revestir carácter penal.

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En un comunicado enviado a El Nuevo Herald, Zuloaga se defendió afirmando que "no existen elementos de prueba que permitan afirmar en forma alguna que las concesionarias o sus empresas relacionadas estarían reteniendo estos 24 ve- hículos para luego venderlos a un precio mayor, de forma tal que son falsas e infundadas las acusaciones sobre la supuesta comisión del delito de usura en el caso de estos 24 vehículos''.
El anuncio presidencial generó comentarios críticos de algunos propietarios de medios privados.
"En una democracia el presidente no le podría dar órdenes al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía. Pero eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, donde no hay separación de los poderes públicos'', dijo a El Nuevo Herald Marcel Granier, presidente de RCTV, cuyo cierre el gobierno decretó hace dos años.
La decisión de Chávez se produce en un momento especialmente crítico para sus niveles de aceptación, indicaron expertos y encuestadoras.
El nivel de desaprobación del Presidente subió de 48 por ciento a 60 por ciento en el último año y medio, indicó la última medición de la encuestadora Datanálisis.
La medición encontró que los medios de comunicación privados mantienen una imagen positiva de 75 por ciento, 20 puntos por encima del propio nivel de aceptación presidencial, que es de 55 por ciento.
Las instituciones con la mejor imagen ante los venezolanos fueron la Iglesia, los bancos, los comerciantes, los industriales y las empresas privadas productoras de alimentos, que ocuparon los cinco primeros lugares de aprobación, manifestó José Gil Yépez, presidente de Datanálisis.
La encuesta también encontró que el modelo cubano tiene apenas un nivel de aprobación de 3 por ciento.
A pesar de la enorme campaña del gobierno, "el nivel de penetración ideológica del marxismo-chavismo en Venezuela es mínimo'', puntualizó Gil Yépez.
La imagen del gobierno también aparece deteriorada en una encuesta reciente de la firma Keller y Asociados, de Caracas.
La medición encontró que 54 por ciento de los venezolanos considera que la situación del país es negativa, mientras que 52 por ciento estima que el presidente Chávez "no lo está haciendo bien''.
También el sondeo estableció que los tres principales problemas del gobierno son la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Un 61 por ciento ciento dijo que la economía mejoraría si el país se abriera a la inversión norteamericana.