Varios países establecen un bloqueo a Honduras

Managua.- Los líderes del Alba, uno de los grupos regionales que se reunieron ayer lunes en Managua para analizar el golpe de estado en Honduras, acordaron retirar a sus embajadores de Tegucigalpa y apoyar una “insurrección popular” para propiciar la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya y rechazar al gobierno erigido en su lugar.
En tanto, Guatemala, Nicaragua y El Salvador acordaron suspender durante 48 horas el comercio a través de sus fronteras con Honduras. El presidente nicaragüense Daniel Ortega leyó la resolución de apoyo del grupo CA-4, integrado por los tres países en centroamericanos citados y Honduras. El texto contempló “como primer medida... el cierre de comercio por las fronteras terrestres durante 48 horas”.
La cumbre de SICALa resolución fue de los presidentes salvadoreños Mauricio Funes, el guatemalteco Alvaro Colom y Ortega, congregados en la capital nicaragüense para participar en una cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en que se adoptó una resolución que contempló suspender relaciones con el gobierno en Honduras del presidente designado Roberto Micheletti.
El SICA ordenó a sus embajadores ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) “suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos” al gobierno hondureño, mientras éste no sea encabezado por Zelaya.
El bloque centroamericano también respaldó una resolución de la OEA sobre la situación en Honduras y convino solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que “adopte las medidas coercitivas que correspondan”.
Los países del SICA advirtieron que tomarán “escalonadamente las medidas necesarias” incluyendo la congelación del comercio intrarregional en contra del gobierno de facto de Honduras hasta que Zelaya sea restituido.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo creer en la sinceridad del presidente (estadounidense) Barack Obama que condenó el golpe, “pero tienen que demostrarlo con hechos, no con palabras”. “El gobierno de los Estados Unidos debe actuar en corresponcia con sus pronunciamientos y asumirlos con toda seriedad”, enfatizó.

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