"Es una señal terrible'', comentó Alcibíades Hidalgo, ex vicecanciller cubano que desertó en Estados Unidos en el 2002. "La inclusión de Escalona en el caso significa que a esta gente las van a juzgar con máxima severidad; no quisiera estar en sus zapatos''.
Según dijo a El Nuevo Herald una fuente vinculada a la Fiscalía General, que pidió el anonimato, entre los cargos que se barajan están los de espionaje y revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado.
Agregó que el expediente del caso se encuentra en fase preparatoria, a cargo de un alto oficial del órgano de instrucción de la Seguridad del Estado. La fecha para el juicio pudiera fijarse para el año próximo.
"El oficial encargado del expediente de instrucción es el teniente coronel Estrada, una estrella en ascenso que llevado con éxito varios casos grandes de corrupción en las esferas del gobierno'', dijo la fuente. "Escalona personalmente, como supervisor, garantizará que la acusación no se caiga''.
La fuente agregó que, además de Hernández, al menos otras dos personas están incluidas como acusados en el expediente: la esposa de Hernández, la teniente coronel Amalia (no ha sido posible identificar su apellido), doctora del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ); y Raúl Castellanos Lage, primo del destituido vicepresidente. Ni Carlos Lage ni Pérez Roque figurarían en la acusación, aunque sus declaraciones podrían tomarse en cuenta para el proceso judicial.
Hernández, de 60 años, y Castellanos Lage, de 56, fueron detenidos en febrero y marzo, respectivamente, y ambos permanecen incomunicados en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, en La Habana.
Amalia fue interrogada, pero se encuentra en libertad en el apartamento que compartía con Hernández en una moderna edificación del barrio habanero de El Vedado. El edificio está en la intersección de las calles 1ra. y C de esa zona residencial y la vivienda del matrimonio Hernández se ubica en el quinto piso, que también está ocupado por varios empresarios vascos radicados en Cuba.
Representante de los intereses comerciales vascos en La Habana y miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), Hernández tenía estrechos vínculos con Lage desde la infancia. Según versiones sobre un video oficial exhibido a partir de abril entre dirigentes y militares de alto rango, Hernández admitió que había transmitido información confidencial a la inteligencia española sobre cambios en las estructuras gubernamentales tras la enfermedad de Fidel Castro. El Nuevo Herald dio a conocer las primeras revelaciones sobre el video a finales de mayo, pero no ha podido verlo.
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Las versiones sobre el contenido del video --que hasta hoy no se ha hecho público-- han sido elaboradas y contrastadas a partir de testimonios de personas que afirman haber tenido información de primera mano brindada por participantes en las proyecciones a puertas cerradas.
Alegadamente, Amalia habría ofrecido datos acerca de la situación de Castro aprovechando su puesto en el CIMEQ, de acuerdo con la fuente. Castro recibió tratamiento médico en la institución tras someterse a una intervención quirúrgica por trastornos intestinales en julio del 2006. Su estado de salud es "un secreto de Estado''.
Las versiones indican que Amalia dice en el video --con versiones de tres y siete horas de duración-- que Hernández le preguntaba insistentemente sobre la salud de Castro. Según la fuente de la fiscalía, ella está cooperando con las autoridades y podría recibir una significativa atenuación de su presunta culpabilidad por colaborar en la investigación.
En cuanto a Castellanos Lage, quien era sudirector y responsable de inversiones en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCC) de La Habana, sus problemas parecen vinculados a la relación con Hernández, así como a ciertos comentarios en los que calificaba de "dinosaurio'' al actual vicepresidente primero José Ramón Machado Ventura y llegaba incluso a decir que su muerte sería "un gran servicio a la patria''.
Castellanos Lage encaró un anterior proceso de purgas en 1992, cuando fue expulsado del Comité Central del PCC y destronado junto a su jefe, Carlos Aldana, de la dirección del Departamento Ideológico. De ese entonces datan sus rencillas con Machado Ventura, quien criticaba duramente los intentos aperturistas de Aldana en los sectores ideológico y cultural en los años 80.
El Código Penal cubano estipula sanciones de 10 a 20 años de cárcel o pena de muerte por actos de espionaje en favor de los servicios de un estado extranjero, y hasta 15 años por la revelación de secretos políticos, militares, económicos o de cualquier naturaleza que conciernan a la seguridad nacional.
De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal, vigente desde 1977, la fase preparatoria no debe exceder los 60 días, pero puede prorrogarse por causas justificadas hasta seis meses; el fiscal general, que ha tomado control del expediente, tiene potestad para extender el plazo hasta que se cierre la investigación. La fuente no precisó si el proceso se inició a finales de marzo o en abril.
Concluida la fase preparatoria, los acusados deberán presentarse a juicio en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Como es común en estos casos, el juicio se realiza a puertas cerradas y con acceso limitado para los familiares de los acusados.
La entrada de un fiscal de control y supervisión en la fase preparatoria está concebida para velar por la legalidad de los procedimientos y ordenar al instructor las diligencias necesarias para consolidar la acusación.
Escalona, de 78 años, general de brigada (retirado) de las Fuerzas Armadas y hombre cercano al gobernante Raúl Castro, es recordado popularmente como el temible fiscal del caso contra el general de división Arnaldo Ochoa y otros altos militares en 1989. Ha desempeñado otras tareas estratégicas dentro de la cúpula de poder gubernamental y militar, como artífice de la ley de Servicio Militar Obligatorio (1963), jefe de Estado Mayor de las tropas cubanas en Angola, ministro de Justicia (1984-1999) y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (1990-1992).
"Escalona está metido de lleno a este caso'', dijo un experimentado abogado que trabajó en la Fiscalía General que pidió anonimato. "Es un hombre esmerado en cada cosa que hace y esto es una tarea muy comprometida con el alto mando''.
Sin embargo, las labores de supervisión del caso pudieran haberse retrasado durante las últimas semanas. A fines de septiembre, Escalona tuvo que ser ingresado en el Hospital Cira García, en Miramar, por trastornos circulatorios, según confirmó a El Nuevo Herald un empleado de esa entidad que pidió no ser identificado.
Las más recientes imágenes en público de Escalona se remontan al 15 de septiembre, durante las honras fúnebres del comandante Juan Almeida Bosque. En esa ocasión se le vio demacrado y con andar lento.
Mientras tanto, las referencias a la destitución de Lage, Pérez Roque y otras altas figuras de la nomenclatura castrista comienzan a esfumarse entre los cubanos de a pie, que sólo han recibido las noticias de las implicaciones del caso a través de los rumores generados por la exhibición del video oficial en reducidos círculos.
La prensa oficial sólo informó de la destitución mediante un comunicado oficial del Consejo de Estado, el 3 de marzo, sin explicar los motivos. Un día después, Fidel Castro escribió un artículo en que los calificó de indignos, aseverando que "la miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno'' despertó en ellos ambiciones que ilusionaron a los enemigos de Cuba.
"Este caso constituye una muestra elocuente del grado de indefensión de los ciudadanos cubanos y la precariedad del respeto a los derechos civiles en este país'', dijo desde La Habana el activista Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). "Si dos integrantes de la alta nomenclatura fueron sometidos a espionaje electrónico sin mediar orden judicial, debemos imaginarnos lo que puede esperar la ciudadanía en cuanto a sus derechos de privacidad y de respeto a sus comunicaciones''.
La CCDHRN incluyó el caso en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, emitido en agosto. A su vez, sus activistas han tratado de contactar a las familias de Hernández y Castellanos Lage para ofrecerles asesoramiento legal, pero no han recibido respuesta hasta el momento.
"Este es un caso de clara motivación política, máxime cuando las personas encarceladas desde hace meses no son reos comunes, sino víctimas de algún modo de la represión oficial'', apuntó Sánchez.
Los medios estatales no han mencionado la existencia del video. Su contenido ha trascendido en la prensa internacional a través de versiones contrastadas de personas que dicen haberlo visto o que recibieron el relato de primera mano.
"La expectativa de la gente era que el video circulara en la calle, pero eso no pasó, no se filtraron copias'', opinó el periodista independiente Julio Aleaga Pesant. ‘‘Pero ya nadie se acuerda aquí de lo que ocurrió, es un tema que se ha ido desvaneciendo en medio de otras urgencias cotidianas''.
Aleaga consideró que el video tuvo impacto entre la burocracia dirigente para la que fue concebido.
"Su propósito era crear un clima de terror entre ellos, dejarles saber que todos están en la mirilla'', opinó Aleaga.
La grabación de las llamadas telefónicas y de los movimientos de los implicados constituyen el sustento documental del proceso de purgas emprendido por Raúl Castro el 2 de marzo. El detonador del caso fue la detención el 14 de febrero de Hernández y Amalia en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, cuando se disponían a viajar a Bilbao.
La oficina de Hernández, delegado de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), fue sometida el 27 de febrero a una exhaustiva requisa policial que concluyó con la incautación de varias cajas de documentos. Bajo la égida de la SPRI se promovió y multiplicó hasta los $184 millones el comercio de las empresas vascas en la isla.
Apenas 72 horas después del registro, el 3 de marzo, apareció el comunicado oficial del Consejo de Estado informando de los cambios en el gabinete.
En el video, Raúl Castro menciona a Hernández como un informante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, quien fue captado en el 2007 por los servicios secretos españoles en virtud de sus cercanos vínculos con Lage y otros miembros de la jerarquía castrista.
La pista de Hernández llevó a la inteligencia cubana a grabar varios encuentros en una residencia campestre en las cercanías de Arcos de Canasí, unos 60 kilómetros al este de La Habana. El lugar, mencionado como "la finca'', servía para fiestas convocadas por el empresario con la participación de Lage, Pérez Roque, Castellanos Lage y sus respectivas familias.
De acuerdo con los relatos sobre el video oficial, los participantes en las reuniones se burlaron en ocasiones de la capacidad de los llamados dirigentes históricos, entre ellos Fidel Castro y Machado Ventura. Fotos e imágenes de esas reuniones han sido divulgadas en Miami por el programa María Elvira Live, conducido por la periodista María Elvira Salazar en el canal MegaTV.
El video también revela que Hernández conoció --por vía de Lage-- la designación de Machado Ventura como vicepresidente primero un día antes de la sesión del Parlamento Cubano donde se hiciera oficial, el 24 de febrero del 2008. La información se filtró la noche anterior en la fiesta de boda de Castellanos Lage en el Hotel Ambos Mundos, de La Habana Vieja, a la que asistieron Hernández, Lage, Pérez Roque y el entonces jefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, Fernando Remírez de Estenoz.
"La fiesta se convirtió en un velorio'', expresa Raúl Castro en el video para describir la reacción de los asistentes a la boda cuando Lage les comunicó confidencialmente que el elegido como "número dos'' no había sido él, sino Machado Ventura''.
Raúl Castro se refiere además en el video a la "conducta indecente'' del entonces secretario de Fidel Castro, Carlos Valenciaga, quien celebró su 34to. cumpleaños en una sala del Consejo de Estado en un ambiente de "relajamiento moral'' el 16 de septiembre del 2006.
Según testimonios sobre el video ampliamente comentados en la prensa internacional, Valenciaga hizo gestos burlones respecto a Fidel Castro. El video presenta fotos suyas con una gorra de comandante y una botella entre las piernas, celebrando justamente en momentos en que su jefe se debatía entre la vida y la muerte. Valenciaga fue destituido sin anuncio público y trabaja actualmente en la Biblioteca Nacional en La Habana.
Uno de los tópicos menos divulgados hasta hoy del video implica la responsabilidad de Lage en la aprobación inconsulta y precipitada de los planes en Cuba del empresario italiano Alfonso Lavarello.
Al parecer, Lavarello vendió la idea de la inminente llegada de cruceros a La Habana para promover un negocio de exportación de suministros a través de una empresa mixta que incurrió en supuestas operaciones fraudulentas, según confirmó un abogado de la Consultoría Jurídica Internacional de La Habana que pidió no ser identificado. Cuba canceló los contratos y enfrenta ahora una demanda millonaria de Lavarello, quien abandonó la isla.
En la reunión del Buró Político donde se analizaron las destituciones el 2 de marzo, Raúl Castro califica a Lage, Pérez Roque y Valenciaga de "dirigentes probeta'' que saltan de la dirección de organizaciones como la Juventud Comunista (UJC) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a altos puestos en el gobierno, según testimonios relativos al video.
Pérez Roque, ingeniero eléctrico de profesión, ha sido asignado para laborar en una fábrica siderometalúrgica. Lage --graduado de Medicina-- trabaja actualmente en funciones administrativas en el Hospital Julito Díaz de La Habana, según información reciente.
Aleaga dijo que la vida de Lage transcurre en relativa normalidad.
"La pasada semana asistió con su esposa a una función teatral en la sala El Sótano [en El Vedado], todo el mundo lo vio''.
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