La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) argumenta en la querella que tal política viola prohibiciones constitucionales contra castigo cruel e inusual.
Según la demanda, la abrumadora mayoría de prisioneros que comparecen en cortes de inmigración no tienen antecedentes de violencia y no existe riesgo de que huyan. El litigio legal busca obligar al Departamento de Seguridad Nacional a realizar determinaciones individuales sobre quién debe portar grilletes, en lugar de aplicar una política general.
Funcionarios del departamento rechazaron hace comentarios sobre la demanda.
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