MÉXICO, D.F.— El centro de apuestas Casino Royale operaba bajo protesta de la alcaldía de la ciudad de Monterrey, pero continuó sus operaciones luego de que un juez otorgó el permiso para la remodelación del negocio, cuyo consejo lo integran parientes del expresidente municipal, Alberto Madero.
El actual alcalde, Fernando Larrázabal, denunció que algunos de los 50 casinos que operan en su ciudad se han aprovechado de lagunas y artilugios legales para continuar sus operaciones al amparo de magistrados y jueces.
"Tan solo en el municipio regiomontano hay 11 casas que cuentan con una suspensión de amparo otorgada por los magistrados", denunció el funcionario, quien intentó detener la ampliación de Casino Royale en junio pasado, pero el tribunal de lo contencioso dio luz verde.
"Este negocio ya tiene una licencia tanto de la Secretaría de Gobernación como del mismo municipio de Monterrey", dijo la presidenta del Tribunal Contencioso, Juana María Treviño.
La Segob es en México la dependencia que autoriza los permisos de operación a los clubes de juego.
Casino Royale cuenta con la licencia de operación desde 2002. El consejo de la compañía lo integran primos del exalcalde Madero José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila, según información divulgada por el Ayuntamiento de Monterrey.
La administración regiomontana ubica como accionista mayoritario a Raúl Rocha Cantú, propietario de CYMSA Corporación, con giro especializado en conexiones y mangueras. El dueño del Royale fue ubicado también en el diario local Milenio como propietario de cuatro casinos más en la región.
También como propietario del Royale&Sport Books y de la empresa Wolrdwide Eagle LCC, con sede en San Antonio Texas.
Analistas en el tema del narcotráfico y lavado de dinero manifestaron ayer su preocupación por la proliferación de centros de juego que no son investigados por el gobierno.
"Si no se quitan las bases económicas de estos grupos, congelar activos, quitarle flotillas de transporte, centros de juego, construcción, agropecuarias, aquí va a seguir siendo el paraíso patrimonial de grupos criminales", advirtió Edgardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
"Y la magnitud de la violencia organizada va llegar a niveles que no se han visto todavía", advirtió.
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